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El arraigo penal

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El arraigo es una figura jurídica que nace en el Derecho Civil. Está tomado del latín, y se quiere indicar para el acto de echar raíces, ya que se integra por la a (alfa privativa) y radicare que significa echar raíces . De hecho se quiere expresar un acto (contra la libertad de tránsito) que el Derecho condiciona a que se cumpla con algún requisito que la ley autoriza llevar a cabo.

El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, menciona el sentido jurídico del verbo arraigar, y precisa: “Afianzar la responsabilidad a las resultas de un juicio. Se usa así porque esta fianza suele hacerse en bienes raíces, pero también se puede hacer por medio de depósito en metálico o presentando fiador abonado”.

Se entiende perfectamente que el Diccionario defina el arraigo como una fianza, porque en materia civil la institución pretende asegurar que una persona no pueda por su propia voluntad abandonar la jurisdicción dentro de la cual habita, para evadir así su responsabilidad civil, y nulifique la capacidad de su adversario, que requiere que su próximo contrincante no abandone el lugar donde se le pueda emplazar y enfrentar sus responsabilidades.

Para tal fin la parte que se encuentra próxima a demandar a otra persona, evita los daños de la fuga del supuesto deudor, y contra ello pueda hacer uso de una medida preparatoria que prevé el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice:

“Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente.”

Es costumbre, en esos casos, que el juez –si comprueba que se afianza correctamente para una determinación que se le requiere-, arraigue en el lugar del juicio al que va a ser demandado, y le advierta que sólo si nombra un apoderado debidamente expensado, para que responda por las responsabilidades que se le van a demandar, podrá abandonar el lugar del juicio.

Por ello el arraigo civil no sólo tiene un fundamento legal sino lógico. Si quien va a ser demandado asegura mediante fianza que para responder por una sentencia que se le pueda dictar en el futuro, el futuro demandante podrá recobrar su seguridad de contar con todas las garantías que le otorga la Constitución.

No faltó ingenioso (por supuesto empleado de una Procuraduría de Justicia) al cual se le ocurrió se podría adaptar el procedimiento civil de arraigo, al penal, mediante la figura que ahora funcionaría en dicho procedimiento.

La mecánica de aplicación de la medida, de hecho fue simplista. Arbitrariamente un Procurador se empeña en hacer procesar a una persona inocente. A pesar de tener pruebas para consignar al indiciado a un juez, comprendeque son flojas, y que el juez lo más probable es que lo deje en total libertad; y para impedirlo podría arraigarlo.

El arraigo brinca una detención llena de requisitos, y que el perseguido resulte totalmente intocable ante la pobre calidad de las pruebas que ha reunido el Ministerio Público.

Pero mediante un verdadero subterfugio, el Ministerio Público mantiene detenido al probable inocente, sujetando el acusador a la ventaja de encontrar a la larga pruebas adecuadas de su responsabilidad.

Pero la figura del arraigo no puede “encajarse” en el derecho penal. El artículo 16 constitucional, en forma expresa, ordena que nadie será molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente; y el 19 que ninguna detención puede exceder de 72 horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso (los antigüitos” decíamos auto de formal prisión), que tiene garantías expresas insalvables por parte del juez y del acusador público maliciosos.

Por ello los afectados por los ilegales arraigos, decretados en su perjuicio, ocurrieron a la justicia federal para que examinara las inconstitucionalidades de las autoridades. Con criterio firme, sostenido y definitivo, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los arraigos penales.

No se dieron por derrotados los Ejecutivos y sus Procuradores. Si la Constitución lo prohibía, era fácil modificar a la Constitución (la Federación y el Gobierno de los Estados son los dueños de ella), para ahora hacer legal lo ilegal.

Lo lograron. Tenían que decir (desde la Constitución) que había una forma eficaz de superar su ineptitud y su falta de ética. Desde 2008 el párrafo séptimo del artículo 16, obedeciendo a los caprichos del Poder Ejecutivo, dice:

“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten, las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.”

Consumatun est. El Ministerio Público puede mantener en su poder a un indiciado contra el cual carece de pruebas contundentes.

Ya me figuro los diálogos que tendrán ahora los agentes del Ministerio Público, y su policía ministerial:

• Oye Fulano: los jefes quieren que a toda costa impliquemos en algún delito a Zutano, pero ya conseguí testigos protegidos y sembré las pruebas necesarias para ello, y aún no logro comprometerlo.

• ¡Cómo eres tarugo! Que un juez te otorgue un arraigo por cuarenta días, y dentro de ellos insistes en inculparlo.

•  Pues así lo hice, pero el tipo que me ordenaron “empinar” de veras es totalmente inocente y no le puedo cargar nada aún. Mañana se vencen los cuarenta y ocho días de arraigo. Y no sé cómo hacerle.

•  Pues pides otros cuarenta días, y si tampoco en ese tiempo lo puedes inculpar en delitos, mejor “te lo levantas”.

El artículo pertenece a la Sección Columnistas - Dentro de la categoría: Juventino Castro y Castro